La Comisión Europea ha comunicado hoy (http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/368&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en) su decisión de incoar procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de la Unión contra diez Estados miembros, por no trasponer a su legislación interna las directivas 2004/49 y 2004/50. Si no le suenan de nada, quizá sí las conozca -junto con la 2004/51 y el Reglamento 881/2004-, como el Segundo Paquete Ferroviario.Y no es porque no hayan tenido tiempo: desde abril de 2004, cuando se aprobó este paquete, hasta el 30 de abril de 2006, fecha límite para la trasposición. Tampoco se animaron demasiado pasada esa fecha, pese al dictamen motivado (una especie de segundo aviso ), que la Comisión emitió el pasado 12 de octubre (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1383&format=PDF&aged=1&language=ES&guiLanguage=en). En este selecto club de países pioneros de la construcción de un mercado de transporte ferroviario internacional libre, está España. Aunque no es de las peores, ya que sólo es culpable de no haber convertido en derecho interno la primera de estas directivas de la comisión, la que establece el procedimiento de expedición de los certificados de seguridad que las empresas ferroviarias deben obtener para operar trenes en la red europea, y que además obliga a los Estados miembros a crear una autoridad de seguridad independiente y un organismo de investigación de siniestros en el transporte ferroviario.Tienen el dudoso orgullo de completar este listado de incumplidores Estonia (su situación es idéntica a la de España), Francia (no ha traspuesto la 2004/50), y el grupo formado por Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suecia, Eslovenia y la República Eslovaca (que no incorporan ninguna de las dos). Cincuenta años después de la firma del Tratado de Roma, muchos de los Estados miembros siguen pensando en pequeño.